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Bruselas ha solicitado al Gobierno un informe sobre la reforma laboral. En él, el Ministerio de Trabajo explicará cuáles son sus principales puntos débiles. Por ejemplo, la normativa del PP daba más poder a las empresas para establecer las condiciones laborales y según Trabajo y los sindicatos, esta ha sido una de las principales causas de la precarización. El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a tener lista la reforma antes de finales de año y enviará antes este informe con el fin de conseguir el beneplácito de la Unión Europea (UE). El documento servirá para que la Comisión pueda analizar los cambios que quiere hacer el Gobierno en la negociación colectiva, una pata esencial de la reforma laboral y que está debatiendo el Ejecutivo con sindicatos y patronal. En principio, el plazo para negociar la legislación se ha definido el 15 de noviembre pero las conversaciones avanzan con grandes dificultades porque la CEOE sostiene que las propuestas planteadas restringen la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna. La opinión de la Comisión es clara: las restricciones a la contratación temporal restarán flexibilidad. En cualquier caso, la Comisión espera que la reforma se defina bien para que facilite la adaptación de las empresas.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que rechaza un recurso de CCOO y UGT para excluir a otros sindicatos del Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, alegando que no reunían los criterios de representatividad necesarios. En la sentencia mencionada por el sindicato CSIF, la Audiencia cree "improcedente" utilizar el criterio de la mayor representatividad y añade que la mayor representatividad sindical no impide de forma absoluta que otros sindicatos que no alcancen el 10% a nivel nacional puedan ejercer funciones de participación institucional en aquellos organismos de consulta o de asesoramiento con el objeto de promover la participación de los grupos y organizaciones afectados por la acción pública. También se advierte de que una interpretación reduccionista de los criterios de participación para impedir la presencia de estas organizaciones "resultaría contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical que garantiza el artículo 28 de la Constitución". Por su parte, CSIF denuncia que «suele ser práctica habitual» de CC.OO. y UGT tratar de impedir la presencia de otros sindicatos. "Reclamamos la modificación de esta norma para que sea suficiente el 5% de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito parlamentario, donde se precisa únicamente entre el 3 y el 5%", añaden desde la organización sindical.

El ajuste de la plantilla de la nueva Unicaja irá más allá del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado a principios de octubre y que afectaría a 1.513 empleados, el 15% del total. La entidad casi duplicará esa cifra a través de prejubilaciones. En total, entre el despido colectivo y los distintos planes de prejubilaciones llevados a cabo por Unicaja y Liberbank, con los que se reducen casi otros 1.200 puestos, el nuevo banco recortará el 28% de la plantilla combinada, hasta situarla en el entorno de los 7.000 trabajadores. El objetivo con estos ajustes es alcanzar las sinergias prometidas el pasado diciembre, cuando se anunció la fusión. Se tienen como objetivo unos ahorros anuales a tres años de 192 millones de euros: el ERE, que está en fase de negociación, supondría ahorros de 85-90 millones y el plan de prejubilación se traduciría en 40 millones de ahorro. Para alcanzar la cifra prometida, el banco también cerrará oficinas y eliminará duplicidades de contratos. Desde CCOO cuestionaron el pasado viernes, día del último encuentro, las bases sobre las que la entidad sustenta el informe para llevar a cabo el ERE.

La dirección de Banco Sabadell y los sindicatos han alcanzado un acuerdo el día en el que terminaba el período de negociación para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de 1.380 trabajadores. Aunque la afectación es mayor (1.605 empleados), el banco se ha comprometido a limitar las salidas si se presentan 1.380 voluntarios y no hay más. Además, ha mejorado las condiciones económicas de los afectados: los empleados entre 58 y 62 años recibirán el 65% de su salario con un tope de 280.000 euros y los de 55 a 57 años recibirán el mismo porcentaje pero con un límite de 300.000 euros. Los menores de 54 serán indemnizados con 40 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades, a lo que se sumarán primas por antigüedad. Tras semanas de mucho distanciamiento entre ambas partes, la situación cambió el jueves, cuando Sabadell puso sobre la mesa nuevas y mejores condiciones con la intención de evitar la huelga que los representantes de los trabajadores habían convocado para el viernes.